Archivos Mensuales: abril 2015

Leyes Mordaza: ¿quién se lo puede permitir?

Artículo publicado orginalmente en Nueva Tribuna (26/03/2015)

Poco más se puede decir de lo que se ha dicho ya sobre las Leyes Mordaza (Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Pacto Antiterroristas) que simple y llanamente legalizan la violación de los derechos humanos en nuestro país. Esto no lo digo yo, lo dicen juristas internacionales y lo dice la ONU. Pero por desgracia esto no va a cambiar nada, ya sabemos que el PP en materia de derechos le hace poco a ningún caso a la ONU (ya quedó claro con el informe que exigía un cambio en la política de la memoria histórica de la Guerra Civil y el Franquismo).

Presiones y recomendaciones internacionales aparte, lo que es innegable es que la mayoría absoluta del gobierno no sólo se ha asegurado de recortar nuestros derechos sociales, sino que se ha puesto como objetivo reducir nuestros derechos y libertades políticos y civiles. No es casual que esta estrategia de penalización de la movilización social, la protesta, la libertad de expresión e información tenga lugar 4 años después del 15M, sino que además va en paralelo a un repunte de la acción social frente a las consecuencias de la crisis, en la que mareas, plataformas ciudadanas y colectivos de todo tipo han articulado en la calle la indignación ciudadana.

Y es que, a quién se le ocurre que la gente salga a la calle a decir lo que piensa, y mucho menos a organizarse para la defensa de lo común. En qué cabeza cabe que se pueda permitir informar o denunciar abusos policiales. Y es que el PP, es ante todo un partido de orden. Hasta la crisis, el orden social estaba asegurado por la estabilidad económica que nos hacía estar entretenidos en casa, o en el centro comercial, disfrutando de lo que nos habían vendido, y nosotros habíamos comprado, como calidad de vida.

La represión y el miedo es lo único que les queda para evitar que la gente ponga en evidencia la perversión del sistema. Los poderes económicos, encubiertos y apoyados por el poder político, hacen negocio con los alimentos, energía, agua, salud, vivienda, educación, etc., y por nada del mundo van a dejar que se cuestione ese trasvase de riqueza desde la vida de las personas a la cuenta corriente de unos pocos.

En realidad, lo que ha conseguido la crisis es acelerar y catalizar muchas iniciativas personales y comunitarias de transformación, sacarlas a la calle y ponerlas en las portadas de los periódicos. Los valores y actitudes que mueven a la gente están en la antípodas de los principios que rigen nuestro sistema explotador de recursos y personas. No se pueden permitir que la opinión pública se ponga de su parte; no se pueden permitir que la ciudadanía se organice, denuncie, proteste; no se pueden permitir simple y llanamente que se les desmonte el chiringuito.

Porque, en realidad, se trata de eso de penalizar y reprimir todo aquello que impulsa la transformación social y económica desde abajo. Las Leyes Mordaza son sin duda un ataque inaceptable a nuestros derechos y libertades, pero también lo son a nuestra capacidad y a nuestro derecho a decidir como queremos que sean las cosas. Si ellos no pueden permitirse una sociedad organizada y activa, nosotros no podemos permitirnos no serlo.


 

Anuncios

Nos acordamos del agua

Artículo publicado originalmente en Eldiario.es (19/04/2015) 11078092_817201934995651_2188747313206450403_n

El pasado 3 de abril  Jose Luis Gallego escribía un artículo más que pertinente sobre la ausencia del agua en la agenda política. Argumentaba que más allá de la reinvindicación del acceso al agua como un derechos humano básico, nadie se acuerda del agua ni habla de ella como un bien imprescindible en el equilibro ecológico del planeta.

Estando muy de acuerdo con el planteamiento, no me resisto a hacer dos precisiones. La primera es que sí hay un partido político que defienda el agua y la incluya en su programa electoral; de hecho en el programa de las europeas de EQUO hay un punto específico sobre aplicación de la Directiva del Agua, algo que se ha incluido también en el  programa marco de las municipales de mayo 2015.

La segunda precisión es sobre la falsa dicotomía entre el derecho al agua de las personas y el agua de la naturaleza. Efectivamente, defender el acceso a un agua de calidad, con una gestión eficiente y transparente, sin tener en cuenta los condicionantes ecológicos del lugar donde viven esas personas es irresponsable. Eso comprometería seriamente el presente y el futuro del derecho que precisamente se quiere defender.

La separación ficticia entre sociedad y naturaleza está anclada en nuestra visión del mundo desde hace siglos. Aceptemos y reconozcamos que somos parte del medio ambiente, incluso las ciudades hormigonadas y asfaltadas en las que vivimos son naturaleza: tienen aire, se asientan sobre suelo y en ellas hay agua.

El agua efectivamente es imprescindible en nuestras vidas y nuestra sociedad. Y la gestión del agua debe ser algo transversal en todas y cada una de las políticas que se lleven a cabo desde las instituciones. Por ejemplo, la apuesta de modelo productivo que hagamos es clave para la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos: la agricultura intensiva, la explotación de ciertos recursos energéticos (fracking o minería de uranio), la industria química o la siderurgia son sectores muy intensivos en agua o con procesos y residuos altamente contaminantes para el agua.

El agua que bebemos, el agua que defendemos como derecho humano, es el agua de la naturaleza: la de nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestros humedales, nuestros océanos, nuestra lluvia. No es posible garantizar ese derecho universal si no garantizamos el equilibrio y la calidad ecológica del agua que nos rodea.

Justicia social y justicia ambiental van de la mano. El buen vivir de las personas es precisamente eso: que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas, sus derechos garantizados, hoy y mañana en equilibrio con la naturaleza. En el siglo XXI hablar de derechos es hablar de ecología. Por eso nos acordamos del agua, porque como muchos otros derechos depende de políticas verdes para que efectivamente lo sea.